03 de mayo de 2017

La expansión del cultivo de la palma africana . Otra muestra de la “economía que mata”


Por Maximiliano Burckwardt
 

La palma africana es una planta tropical propia de climas cálidos procedente de la región occidental y central del continente africano donde se aprovecharon sus frutos desde hace cinco milenios. Su propagación por América Latina comenzó en el siglo XV, en Brasil, a través de navíos portugueses que traficaban esclavos
Recién en la segunda mitad del siglo pasado, la palma africana se ha comenzado a extender aceleradamente por la zona caribeña, de manos de las multinacionales aceiteras y siempre según las necesidades energéticas de las metrópolis. En la actualidad, ha invadido extensos territorios en los estados mejicanos de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo, entre otros; también en el Chocó colombiano, en la región hondureña del Bajo Aguán, en las regiones guatelmatecas del Petén y del valle del Polochic, y en varias otras repúblicas de Centroamérica continental e insular.
La planta citada es la fuente vegetal con el más alto nivel de triglicéridos -material esencial en la creación de biodiesel- del mundo. Además, produce dos tipos de aceite, provenientes respectivamente del fruto y de la semilla. El aceite alimentario se comercializa como aceite comestible, margarina, cremas, etcétera, y el aceite industrial se utiliza en la fabricación de cosméticos, jabón, detergentes, velas, lubrificantes, etcétera.
En Latinoamérica, los efectos de su expansión han sido desastrosos ecológica y socialmente. Los pequeños campesinos perdieron sus tierras de labrantía y sus medios tradicionales de producción. Con la Palma Africana, las fuentes de agua se secan, la tierra se vuelve estéril y se requiere un cuarto de siglo para su regeneración. Se aniquilan los ecosistemas y desaparece la biodiversidad.
Las consecuencias negativas sociales también han sido señaladas en Indonesia, en Malasia, en Papuasia y en otras partes del Africa donde –al igual que en Latinoamérica- una producción concentrada funcional a los parámetros de los monopolios multinacionales terminó reemplazando a la agricultura campesina.
Uno de los ejemplos más escandalosos fue lo sucedido en el Petén y en el Valle de Polochic, en Guatemala.

Cuando Oscar Berger, del ultraconservador partido Gran Alianza Nacional, fue presidente de Guatemala entre los años 2.004 y 2.008, aprovechó sus cuatro años de mandato para impulsar medidas expropiatorias a favor de su clan familiar. A un ritmo frenético. procedió al despojo de las tierras indígenas con absoluta impunidad e incontenible voracidad. A partir de entonces, la plantación de la palma africana pasó, de menos de treinta y un mil hectáreas, en el año 2.003. a noventa mil hectáreas, en 2.010, con ganancias netas de ciento veinticinco mil millones de dólares.

A contrapelo de ese proceso expansivo, las comunidades indígenas y campesinas fueron despojadas de sus tierras y de las fuentes de agua y se convirtieron en peones sobreexplotados.
Otros acontecimientos escandalosos relacionados con la Palma, se dieron en Honduras. Los indígenas del Bajo Aguán, bajo presión legal, física y psíquica, debieron entregar sus tierras para que las corporaciones lograran la producción concentrada del vegetal, luego de desmontar extensas zonas selváticas mediante engaños.

En el año 1973 se promulgó una ley pomposamente denominada de Reforma Agraria que, lejos de serlo, respaldó legalmente tanto un proceso de colonización de tierras campesinas para la producción agrícola intensiva como la expulsión de los nativos a zonas, entonces selváticas o boscosas, del Aguán. Ese mismo año, el presidente de facto hondureño, Oswaldo López Arellano, trasladó a más de siete mil campesinos y campesinas sin tierra y conformó con ellos ochenta cooperativas de trabajo distribuidas en setenta y tres mil hectáreas para la producción, en su mayoría, de palma africana. A cambio, las cooperativas estaban obligadas a vender las cosechas a las subsidiarias locales de las compañías norteamericanas de cosméticos.

Casi veinte años más tarde, en1992, se promulgó una controversial ley de Modernización y Desarrollo para el sector Agrícola, que le permitió al sector privado adquirir las tierras de las cooperativas. La ley amenazaba a los campesinos que no hubieran cultivado toda la tierra asignada durante la colonización, con quitárselas y entregarla a los empresarios; éstos sometieron a los cooperativistas a tanta presión que, prácticamente, obligaron a  vender sus propiedades.
El producto final de este incesante hostigamiento y acorralamiento de las comunidades agrarias, fue que tres grandes empresarios se convirtieron en propietarios de la mayor parte del Aguán y de las miles de hectáreas de palma africana. Paralelamente, las fincas nunca fueron tituladas a nombre de las cooperativas, que debieron utilizar la tierra de cultivo y de producción bajo la forma de concesión, la cual se venció en 2005 y jamás fue renegociada.

Un tercer ejemplo de latrocinio homicida se dio en Colombia, en el departamento de El Chocó, sobre la costa pacífica, el 6 de octubre de 1996, cuando se perpetró una masacre de campesinos por un grupo paramilitar en el caserío Brisas, situado en territorio colectivo de Curvaradó.

Este hecho luctuoso tuvo graves repercusiones históricas ya que constituyó el preludio de una época de terror que afectó a los campesinos por varios años, obligándolos a desplazarse y a dejar su territorio a merced de diversos intereses, entre ellos los de los inversionistas de palma africana.

En síntesis, tanto el despojo de los campesinos como la destrucción ecológica por propagación de la palma africana estuvo  a manos de funcionarios aliados a las grandes empresas que por todos lados propagan esta “economía que mata”, como suele decir el Papa Francisco.

 


Fuente: Pensar al Sur