05 de abril de 2019

EL PENSAMIENTO COMUNITARIO ORGANIZADO SIN "HETERONOMÍA"

"Desde la situación de la niñez mundial, la falta de un Tribunal Internacional que se sume al integral de la Convención Sobre los Derechos del Niño y las Observaciones del propio Comité Ejecutivo, importa un gran desamparo frente a situaciones marcadas por conflictos bélicos, o de crisis humanitarias, al igual que en el seno doméstico de sus lugares de socialización, o en la mutación de visiones ideológicas o bajo el fundamentalismo de creencias. Situaciones que no pueden depender de enfoques políticos o especulaciones de poder."


Por Carlos Antonio Romano
 

El Comité Ejecutivo de la Convención sobre los Derechos del Niño deja claro en razón de su redacción que: “…en el contexto de la Convención, los Estados han de considerar que su función consiste en cumplir unas claras obligaciones jurídicas ​para todos y cada uno de los niños. La puesta en práctica de los derechos humanos de los niños no ha de considerarse como un proceso caritativo que consiste en hacer favores a los niños” (considerando 11 Ob 5).

Decimos que, bajo la mirada actual del Derecho, la familia es entendida como un conjunto de individuos, una sub especie más dentro del conjunto de organizaciones sociales civiles o comerciales, con menos recursos y peso político que el resto de las otras, de gran poder de disposición política, por carecer de plataformas presupuestarias y normas operativas institucionales. Que por lo común las personas son un elemento aislado dentro de las diferentes sub especies de conjuntos entre los que se encuentra identificada la organización familiar (se es individualmente persona socio, persona familia, persona trabajador, etc.) y a más de asistencia técnica a sus derechos ciudadanos requiere una “voz” más fuerte para que por ejemplo le acompañe a estrados de tribunales por sus derechos vulnerados (fueran ONGs, medios de difusión y redes, funcionarios del Estado encumbrados, etc.). Que toda niña o niño, es una sub especie del individuo persona, dentro de los diferentes colectivos de persona humana, a las que –capitiodiminutio- se le puede “medir” el derecho de reclamar, estar en juicio, ser escuchado, o para estar autorizado con representación y asistencia técnica; y que esto es todavía peor en las personas niñas y niños condicionadas por una discapacidad, o por ser refugiados, tratarse de pueblos originarios o grupos apátridas.

La consideración, aun cuando moderada, de la “incapacidad” como regla general, al igual que una mirada “tibia” o intermedia respecto de la capacidad progresiva de una niña o niño, se corresponde con un proceso “regresivo” en materia de DDHH, que agrede entre otras cuestiones la normativa del Art. 5 de la CDN; nuestro Código Civil y Comercial Unificado sobre esa arista es una ofensa a la niñez.

Dramáticamente la cultura del patronazgo, fiel compañera de un sistema patriarcal, resiste todavía como ideología del “adultocentrismo”, a lo que nadie parece atender como gesta, e impone un cierto “ablande” en materia de derechos niñez, se reinstala a través del positivismo jurídico, y despide de la agenda global, lo que se pretendía, no sólo derechos de segunda y tercera generación, se posterga la realización de toda perspectiva familiar, el gran modelo de construcción comunitaria firmado en los tratados y convenciones. Relegada la presencia del niño y su escucha, sujeta como rehén del concepto de la capacidad civil como condición de otras capacidades, queda así confundida su inmanente personalidad jurídica, con la capacidad civil y la capacidad procesal, cual si fueran una sola e igual cosa.

La dignidad “es” de la persona y va al Derecho pidiendo letra, lo que luego se vuelve reconocido con facultades ciudadanas operadas en normas. Llevando la personalidad jurídica de la persona humana sólo a ser reconocida cuando tiene la real atención de los Estados.

El término dignidad es un valor intrínseco del lenguaje de interioridad -no dije individualidad-, por el que la persona se vuelve “trascendente”, con “merecimiento”, “respeto”, “estima”, luego es de esas cosas que hacen al alma finalmente constituyen la posibilidad de encuentro colectivo. Sin analizar la condición de cada quien, tenemos allí un puente con la otredad hacia la ética del bien común, en este caso sustentada en la dignidad, la nuestra y la de los demás. Es la razón misma de su personalidad jurídica, y se ve preferida por el Derecho en las personas vulnerables para que no sean vulneradas. Mientras tanto, de no advertirse la personalidad, todos somos personas “excluidas” al ser vistas y asumidas por los Estados.

Desde mediados del siglo XIX sin embargo se ha cultivado desde el Derecho el desarrollo de la “personalidad juridíca”, pero de los Estados. No obstante los importantes avances en el colectivo femenino, la oposición a la aceptación de la personalidad jurídica de una niña o niño frente al Estado tiene más hipernomia que recursos reales. Se les limita por su condición -pobreza, discapacidad, etc.-, o por raza -pueblos originarios, desplazados, etc.-, nacionalidad- frente a los nacionalismos, problemas de radicación, apatridias, etc-, sexo -por ejemplo la niña con discapacidad en pueblos desplazados alcanzando mayor exposición-, y vergonzosamente en lo civil -al no ser escuchado, o no tener debido proceso, etc.-, en abierta vulneración del principio de no discriminación.

El artículo 17 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, recoge el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica al decir: “Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales”. Al ingresar la definición en el Pacto de San José de Costa Rica referimos el término “persona”, en razón de alguien; y con claridad nos dice el Art. 1.2 de la Convención Americana que “persona es todo ser humano” (no existen sub especies de color, raza, credo, sexo, edad, nacionalidad, etc.).

El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica es aquél que tiene toda persona a que se le reconozca como sujeto de derechos y obligaciones sin discriminación, y en condiciones de igualdad. Así tiene dicho nuestro Superior Tribunal Regional casos que afectaron a varios niños en diferentes países del continente "…Se observa que a las mencionadas menores se les restringió su derecho al reconocimiento de personalidad jurídica, debido a que el Estado produjo una serie de trabas o impedimentos en la expedición de sus actas de nacimiento; como consecuencia de ello, se les imposibilitaría el acceso, goce y disfrute de otros derechos, tales como la educación y la salud” (caso de las niñas Yean y Bosicovs. República Dominicana -Corte IDH, 8 de septiembre de 2005, caso Sawhoyamaxavs. Paraguay -Corte IDH, 29 de marzo de 2006-, y caso XámokKásekvs. Paraguay -Corte IDH, 24 de agosto de 2010- ).

La personalidad jurídica es una conexión necesaria entre la obligación del Estado de brindar protección, y reconocer aquellos derechos derivados de las personas, al margen de la situación que conlleva su imposibilidad de ejercicio. Enseña Cançado Trindrade que esa objeción a la libertad de cumplimentar los derechos a los que estamos facultados puede tener que ver tanto con:

1. un impedimento de hecho

2. de interpretación y ejecución del derecho normado

Necesitamos cambiar patrones socio culturales en referencia a considerar a la persona humana con suficiente personalidad jurídica frente al Derecho; los efectores de los estados pueden ayudar al atender mejor a su capacidad procesal, independientemente de su condición frente al Estado, o de su capacidad ciudadana. Necesitamos concentrarnos en un pleno desarrollo de la “perspectiva familiar” de las convenciones porque fue trazado para lograr fuerza operativa detrás de una comunidad organizada. Vemos la necesidad de una nueva Convención sobre derechos de tercera generación. Salir finalmente de la filosofía individualista neoliberal, y de la dimensionada concepción sobre “autonomía de la voluntad”.

Tenemos urgente necesidad de remozar el Derecho identificándolo con un mismo idioma sobre la inderogabilidad de derechos humanos y su no “plebiscitación”. Necesidad de arribar desde los organismos de protección internacionales a una “realidad” que no estuviera “hipernormalizada”. Necesidad de progresar en derechos humanos en ampliación del núcleo duro -hardcore, nayodur-. Necesidad de impedir que se origine una falsa vigencia mutativa de las convenciones y tratados merced a una interpretación y/o modelos de interpretación enclavados en las propias convenciones (Artavia Murillo vs. Costa Rica CIDH 22 de Noviembre de 2012), que en definitiva no sólo provoque su disminución, sino también el desvío al camino. Necesidad de protocolos operativos en materia de autosatisfactivas producto del Derecho, ajenas a vaivenes políticos o ideológicos. Necesidad en desarrollar los sistemas jurisdiccionales regionales de consulta y enjuiciamiento, acordes a fundar en Derecho tanto Sentencias como Medidas Cautelares de Alertas Tempranas.

Todo esto se vuelve cada vez más explícito en materia de derechos fundamentales, ya que los principios de las convenciones generan doctrina a través de las resoluciones de las diferentes Cortes y Tribunales internacionales. Pero, desde la situación de la niñez mundial, la falta de un Tribunal Internacional que se sume al integral de la Convención Sobre los Derechos del Niño y las Observaciones del propio Comité Ejecutivo, importa un gran desamparo frente a situaciones marcadas por conflictos bélicos, o de crisis humanitarias, al igual que en el seno doméstico de sus lugares de socialización, o en la mutación de visiones ideológicas o bajo el fundamentalismo de creencias. Situaciones que no pueden depender de enfoques políticos o especulaciones de poder.

Por eso sugerimos el pensamiento comunitario organizado sin “heteronomía” [1].

Esto equivale a libertades, se relaciona con el art. 19 de nuestra Constitución Nacional que extrae la noción de libertad o autonomía en el sentido de que las personas podemos proyectar nuestros planes de vida por decisión propia, pero no es individualidad ni igualitarismo. El Estado no tiene la potestad de determinar las decisiones relativas a nuestra propia persona y nuestro plan de vida, tampoco un grupo de individuos con poder y disposición. Pero digo, la autonomía se refuerza al atender a los demás, bajo coexistencia social. La verdadera autonomía se logra, cuando nos ayudan a pensar libremente como personas de la gran mancomunidad.

(Extracto “Comunidad Organizada, Niñez y Derechos Humanos”, digital 2018)

 

[1] Heteronomía, ​(del griego hetero: significa «otro» y nomos: «norma», es decir, norma de otro) se dice que es la condición de la voluntad que se rige por imperativos que están fuera de ella misma o de las leyes morales a las que está sometido, no tienen origen en su propia razón sino que le vienen dadas de fuera. Autonomía, ​(del griego auto, «uno mismo», y nomos, «norma») es la capacidad de tomar decisiones sin ayuda de otro.


Fuente: Pensar al Sur