18 de octubre de 2017

FRANCIA: ¿SOBREDOSIS DE SEGURIDAD?

A fines del siglo XVIII, Benjamín Franklin, uno de los "Padres Fundadores" de los Estados Unidos, en momentos en que se debatían las bases en que se estaba construyendo la democracia más moderna y progresista de la época dijo una frase que es oportuno recordar en estos momentos en que el mundo enfrenta el dilema de como enfrentar el terrorismo y la violencia del crimen organizado trasnacional.

"Aquellos que renunciasen a una libertad esencial para comprar un poco de seguridad momentánea, no merecen ni LIBERTAD ni SEGURIDAD, y acabarán perdiendo ambas" 

El siguiente artículo debiera servir como un alerta y un ejemplo para la opinión pública y para quienes se sientan tentados a adoptar soluciones que a la larga interfieran con las libertades esenciales de la sociedad.

Lys Maegi de Pensar al Sur.


Las 239 muertes provocadas por atentados terroristas en Francia desde enero de 2015 han generado una atmósfera pública enrarecida por el temor a los musulmanes, que habitan en la periferia, convertida en enclaves étnicos que miran con sospecha, miedo o indiferencia al Estado francés.

Esto explica que los franceses estén cada vez más dispuestos a sacrificar sus antiguas y preciadas libertades públicas por la relativa sensación de seguridad que les ofrece el estado de emergencia, que ahora ha sido convertido en un proyecto de ley antiterrorista por el gobierno de Emmanuel Macron.

La prueba de ese proceso de erosión de los contrapesos judiciales a las decisiones políticas y policiales fue el contundente voto favorable a la ley en la Asamblea Nacional: 415 a favor frente a los 127 del NO, con 19 abstenciones. En la sesión, el ministro del Interior, Gérard Collomb, justificó la ley asegurando que desde 2015 Francia se encuentra en un estado de “guerra permanente” y que las fuerzas de seguridad necesitan poderes especiales para hacer frente a un enemigo cada vez más difuso e imprevisible.

Pero es difícil que unas fracturas sociales que obedecen a las dificultades del laicismo oficial para integrar a la minoría musulmana se solucionen solo con medidas de seguridad. Además de su participación activa en la coalición que lucha contra Daesh en Irak y Siria, Francia es el país europeo con la minoría musulmana más numerosa (8-9% de la población) y el que más combatientes extranjeros –medio millar– ha enviado al califato yihadista, desde donde algunos han retornado con formación militar.

Algunos creen que Macron optó por convertir en ley el estado de emergencia –que rige desde noviembre de 2015, cuando fue declarado por François Hollande tras los atentados de París que dejaron 130 muertos– para resguardar su flanco derecho y poder así revocarlo. Pero el remedio puede ser peor que la enfermedad.

Los poderes excepcionales asumidos por el ejecutivo para un periodo de seis meses –y que han sido prorrogados hasta en cuatro ocasiones– se incorporarán al ordenamiento jurídico, hasta ahora uno de los más garantistas de la UE en materia de derechos fundamentales.

 
Controles de identidad

Una de las medidas que contempla la ley –que aún debe ser aprobada por el Senado y pasar por el filtro del Consejo de Estado– es la ampliación de los controles de identidad. Hasta ahora se circunscribían a un perímetro de 20 kilómetros de las fronteras, aeropuertos y estaciones de tren y autobús. Ahora se amplían hasta abarcar casi un 30% del territorio en el que vive un 70% de la población. Los más afectados van a ser extranjeros sospechosos de estar en Europa en situación irregular o franceses de origen no europeo.

La fecha límite para el refrendo legal y político de la nueva legislación es el 1 de noviembre, cuando expira el estado de excepción vigente. Según una encuesta de Le Figaro, el 57% apoya la ley, si bien un 62% cree que reducirá las libertades personales. En la pasada campaña presidencial, el Frente Nacional planteó la expulsión inmediata de cualquier extranjero sospechoso de estar involucrado en actividades terroristas, la revocación de la ciudadanía francesa en el caso de sospechosos con doble nacionalidad y mayores restricciones a la obtención de asilo y refugio por parte de los inmigrantes.

Macron, en cambio, prometió acabar con las medidas excepcionales que la nueva ley perpetúa y que por su propia naturaleza deberían ser provisionales. La ley, por ejemplo, prevé que los prefectos (gobernadores civiles de las regiones) puedan ordenar registros domiciliarios, la colocación de brazaletes electrónicos a sospechosos, la vigilancia de las comunicaciones y las redes sociales y el cierre de lugares de culto donde se promueva el odio.

El problema es que debido a su carácter preventivo, afectará a personas que no hayan cometido delito alguno. El papel preponderante de los prefectos, por otra parte, subordinará a los jueces a sus órdenes. Así, no extraña que las críticas hayan llegado desde la ONU a ONG como Human Rights Watch, que sostiene en un comunicado que Francia se ha hecho tan “adicta” al estado de emergencia que se “ha inyectado una sobredosis”.

La minoría musulmana se siente estigmatizada. Según el Colectivo contra la Islamofobia, desde noviembre de 2015 el número de registros de viviendas sin orden judicial supera ya las 4.000, el de sospechosos bajo arresto domiciliario los 700 (99% musulmanes) mientras que se han clausurado 16 mezquitas por acusaciones de incitar al odio y la violencia.


Fuente: Política Exterior ISPE1054