06 de septiembre de 2017

¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO MALDONADO?


Por MARTÍN CAPARRÓS*, 6 de septiembre de 2017

 

CALI, Colombia – En la Argentina un hombre no aparece. No sabíamos nada de él; ahora sabemos que lo llaman Juan o el Brujo, que nació en un pueblo de la provincia de Buenos Aires en 1989, que hace unos meses se mudó a la Patagonia, que últimamente trabajó de tatuador en Chiloé pero que lo que realmente le gusta es internarse en la naturaleza; que es capaz de sobrevivir en el bosque comiendo hongos y frutos, que es amable y buen conversador, pelilargo, tranquilo, que toca la batería y desdeña a los burgueses, que trata de vivir de otra manera. No lo sabíamos, por supuesto, y ahora sí: es curioso cómo, de pronto, una vida que pasaba tan inadvertida como casi todas se vuelve relevante. La vida de Santiago Maldonado, ahora, es decisiva. Se ha vuelto un campo de batalla de la guerrita argentina.

El 1 de agosto pasado, en la provincia sureña de Chubut, Santiago Maldonado se sumó a un corte de rutas organizado por una comunidad mapuche que reclama tierras de uno de los mayores latifundistas del país: la corporación italiana Benetton. La Gendarmería —un cuerpo armado que debería cuidar las fronteras y territorios fronterizos— reprimió el corte; esa tarde, Santiago Maldonado desapareció. Sus amigos y sus parientes lo denunciaron enseguida; un mes después, nada se sabe. Y nadie parece plantearse la pregunta decisiva en cualquier crimen: ¿para qué? Cualquier novela policial lo enseña: para encontrar un culpable hay que encontrar un móvil. Es muy difícil descubrir a quién podría beneficiar la “desaparición” de Santiago Maldonado. No era un peligro ni un ejemplo para nadie; a nadie le sirve secuestrarlo y matarlo.

La opción más lógica es que Maldonado haya sido víctima de la violencia represiva de unos gendarmes. Pero no tiene sentido que ese destacamento haya recibido de su gobierno la orden de asesinar: “Señores, vayan y maten a alguien para imponer el orden” —y menos aún cuando ese gobierno ha hecho todo lo posible para que su oposición no pueda reprocharle ningún muerto—. En la Argentina, desde 1983, los gobiernos que matan suelen pagarlo caro.

Es mucho más pensable que unos gendarmes se excedieran en el uso de la fuerza y que después no hayan encontrado mejor solución que ocultar la prueba de su delito, de su estupidez. Y que lo sigan negando por camaradería o como quiera que eso se llame. Si es así, son el producto de años de gobiernos incapaces que no consiguieron civilizar lo suficiente a sus fuerzas represivas.

Pero todo son hipótesis: nadie consigue saber qué fue de Maldonado. La búsqueda, dicen los voceros oficiales, es intensa. Su fracaso solo acepta dos explicaciones: o bien el Estado argentino es tan fallido que no es capaz de descubrir, tras un mes de supuestas investigaciones, qué fue de un ciudadano, o simplemente no quiere hacerlo. Ninguna de las dos favorece al gobierno; solo la segunda favorece a la oposición peronista, que dirigió ese estado durante doce años.

En cualquier caso, el tema fue volviéndose central. Y se lanzó, bien argentina, la pelea por el sentido, la guerra de relatos: los intentos de definir qué significa qué, cómo debe leerse la historia, cómo utilizarla en el presente. El viernes pasado cientos de miles de personas reclamaron la aparición de Maldonado en la Plaza de Mayo porteña. Eran, sobre todo, militantes del kirchnerismo y de algunos grupos de la izquierda; hubo incidentes, detenidos. Muchos de ellos cantaron que lo habían desaparecido como en la dictadura militar de los setenta. Y Cristina Fernández de Kirchner dijo que el gobierno puede haberlo hecho “para demostrar poder, que a cualquiera que proteste lo van a meter preso”. Los suyos, a su saga, aprovecharon el caso para insistir en que Mauricio Macri es lo mismo que los militares asesinos. Es su grito habitual: “Macri, / basura, / vos sos la dictadura”.

La banalización de la historia es una tendencia fuerte en la Argentina actual. Pero hay momentos en que bordea el abismo. La desaparición de miles de personas entre 1976 y 1982 fue el resultado de una política de Estado, conducida por dictadores que habían eliminado toda garantía porque vieron en la actividad de unos cuantos militantes —armados y desarmados— su oportunidad para matar a los activistas sociales, sindicales y políticos que podrían haber dificultado su proyecto de cambiar la estructura social y económica de la Argentina: acabar con la industria —y, por lo tanto, con los obreros industriales— y devolver el país a su condición de granero exportador. Lo lograron: el resultado es esta Argentina fracasada.

Los desaparecidos fueron las víctimas directas de esa política. Suponer que ahora sucede algo semejante se acerca al disparate y desvirtúa cualquier lectura seria de esos años. Pero una parte de la sociedad argentina escucha estos desatinos, los asume. La ayuda el hecho de que el gobierno, como es usual, no supo reaccionar. Debería haber actuado con energía desde el principio: ordenar una investigación a fondo en la Gendarmería, apartar a los responsables del operativo, recibir a los familiares, hacer declaraciones sin dobleces, interesarse —en el sentido más fuerte— por el hecho intolerable de que un argentino puede haber sido víctima de la violencia del Estado.

En cambio, el presidente Macri se calló la boca y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a decir que los militares de los setenta “no eran tan demonios”: se refería a más de setecientos oficiales condenados por delitos de lesa humanidad.

Mientras, Santiago Maldonado no aparece. Es terrible, pero no habría tenido este peso político si el gobierno de Macri hubiera sabido enfrentarlo a tiempo: apropiarse del tema, manejarlo. No dar la sensación de que se ocupa porque los ciudadanos lo presionan.

No es razonable pensar que el gobierno dio la orden de matar a Maldonado. Pero parece que, además de no interesarse por cuestiones de derechos humanos, tampoco termina de entender que una parte importante de sus ciudadanos sí se levanta contra cualquier violación de esos derechos. Así, el gobierno le deja esa bandera a los que sí se interesan, ya sea porque siempre se interesaron o porque, como en el caso de los jefes kirchneristas, descubrieron en algún momento que les resultaba rentable interesarse. Son ellos los que construyen el sentido del acontecimiento: los que ganan una vez más esa pelea.

Parece otro error de Mauricio Macri y los suyos; quizá sea una decisión. Quizá prefieren actuar para esa otra parte importante de sus ciudadanos que no quiere oír hablar nunca más de todo aquello. Son millones: probablemente tantos como los que, cuando los militares mataban, miraban para otro lado o aplaudían. Si es una elección, parece torpe, y no ha dejado de traerles problemas desde que quisieron cambiar el feriado del 24 de marzo —que recuerda los crímenes militares— o intentaron justificar la reducción de penas a los condenados por esos delitos.

En la Argentina un hombre no aparece y esa desaparición se convierte en una crisis política. Es saludable que así sea, pero el gobierno, su principal damnificado, habría podido evitarla: les habría resultado casi fácil armar desde el principio una comisión para su búsqueda con personas idóneas de todos los sectores, reunir voluntades contra la violencia de una desaparición, y convencernos de que esa violencia es un problema nacional y que incluso les importa. No lo hicieron; si no saben o no quieren es una duda que, a esta altura, por repetida, resulta casi intrascendente.

 

*Martín Caparrós es periodista y novelista argentino. Sus libros más recientes son "El hambre" y "Echeverría". Vive en España y es colaborador regular de The New York Times en Español


Fuente: The New York Times